Radiografía de la reforma y la elección judicial en México 2g4z1r

Por María Ortega b5i46

Con la llegada de Morena al poder en 2018 y la aplastante mayoría que dicho partido, junto a sus aliados alcanzó en las urnas, iniciaron los llamados megaproyectos y los principales cambios legales en el país. Las prioridades del nuevo gobierno decididamente tomaron forma ante los ojos atónitos de una oposición desdibujada que no supo ni quiso intentar que dichos cambios se dieran en tono constructivo.

La urgencia con la que se echaron a andar los principales proyectos y propuestas del presidente López Obrador ignoró, en muchos casos, los procedimientos legales, obvió permisos y cuidados ambientales, y se permitió licencias que en otros gobiernos habrían causado fuertes desacuerdos. Éste fue el caso del Tren Maya, por ejemplo, proyecto que inició con una consulta informal y cuestionada incluso por la ONU por su falta de legitimidad; además múltiples organizaciones ambientalistas se oponían al proyecto por no contar ni prever el impacto ambiental de construir por zonas de selva y promovieron recursos legales ante diferentes instancias judiciales.  

Ante este escenario, autoridades judiciales ordenaron en su momento la suspensión definitiva del tramo 5 de construcción del Tren Maya, a pesar del intento del presidente de declarar sus megaproyectos como obras de seguridad nacional y de encontrarse con un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El entonces presidente fue frontal en sus críticas al Poder Judicial y en las determinaciones que éste tomaba respecto a sus megaproyectos.

En este contexto, el entonces ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, envió al Congreso una propuesta de reforma al Poder Judicial que, entre otras cosas, incluía una extensión de su mandato en la Corte. La reforma fue aprobada por el Congreso con el apoyo de la oposición pero el artículo que ampliaba la presidencia del ministro fue invalidado por el mismo pleno de la SCJN; por esto último, el entonces ministro presidente renunció a la ampliación de su mandato y el pleno, al término de su gestión, designó una nueva ministra presidente, Norma Piña.

Con la nueva presidencia, las tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo escalaron. El entonces presidente retomó durante varias de sus conferencias matutinas los ataques contra la ministra presidente acusándola de votar en contra del gobierno en sus determinaciones. En medio de dicha ola de ataques, el presidente anunció que si Morena ganaba la presidencia en 2024, y si además el pueblo le daba a su coalición la mayoría calificada, se enviaría una reforma constitucional en materia judicial para renovar en su totalidad el Poder Judicial a través de elecciones populares. La medida fue criticada en su momento incluso por ministras afines al gobierno por considerarla inadecuada.

La reforma

El proyecto de iniciativa de reforma llegó en el primer semestre de 2024, previamente a las elecciones generales que tuvieron lugar en junio de ese mismo año. Los resultados electorales dieron la esperada victoria a Morena con un sorpresivo apoyo electoral en todos los demás cargos, lo que generó una mayoría casi calificada (2/3 partes de ambas cámaras) a la coalición de gobierno, y victorias en gobiernos y congresos locales. El escenario estaba puesto para que una oposición en bloque y organizada tuviera apenas los votos suficientes para frenar o mejorar las propuestas que llegaran del gobierno. Sin embargo, a través de acuerdos políticos en lo oscurito y de aparentes intimidaciones, la oposición no logró asomar las manos para frenar la reforma y quedó desdibujada desde el primer momento, entre otras cosas, por los desastrosos resultados electorales que tuvo.

Los principales puntos de la reforma son 2:

• Elección de juzgadores, magistraturas y ministros(as) para dotar de legitimidad al Poder Judicial.
• Creación de nuevos órganos de istración y disciplina judicial para garantizar la independencia y especialidad técnica del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la SCJN.

La justificación detrás del primer punto radica en las decisiones tomadas en su momento por el Poder Judicial ante los proyectos más importantes del expresidente López Obrador, quien en su momento cuestionó la legitimidad del Poder Judicial para frenar o detener decisiones del gobierno electo por el pueblo mientras permite que criminales queden liberados por temas procedimentales. El expresidente además aseguraba en sus conferencias matutinas que el Poder Judicial estaba plagado de corrupción y que incluso la forma en la que eran designados los cargos de la SCJN estaba sujeta a acuerdos de la clase política.

Esta afirmación no perdía razón a la luz de que el proceso de designación anterior de ministras y ministros de la SCJN, por ejemplo, requería de una terna enviada por el Ejecutivo y la votación calificada del Senado, para la cual siempre habían sido necesarias las negociaciones políticas. Eso, sin embargo, no restaba legitimidad a las ministraturas designadas pues venían respaldadas por representantes electos en las urnas. Y aunque el procedimiento de designación necesitaba actualizarse, la realidad es que la vía elegida, como veremos más adelante, tampoco va a otorgar la legitimidad anunciada por el expresidente.

La justificación detrás del segundo punto fue que el CJF no era autónomo de la SCJN pues era presidido por uno de sus y eso lo convertía en juez y parte de sus propios asuntos. La solución propuesta fue la creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que también será votado en las urnas y que funcionará como un organismo completamente autónomo que deberá combatir la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, entre otros. Sin embargo, aunque en la teoría esta parece una buena vía para evitar el ser juez y parte de sus propios procesos, la reforma dotó al TDJ de independencia técnica, de gestión y operativa para emitir sus resoluciones, le permite recibir denuncias, investigar conductas irregulares, sustentar los procedimientos de responsabilidades istrativas e imponer sanciones.

La amplitud de facultades del TDJ y lo sujetas que éstas quedan al pensar de quienes lo integren en su momento prende las alarmas. Las sanciones que podría imponer el TDJ irían desde la amonestación pública o privada, pasando por la suspensión de labores, la sanción económica traducida en multa o reducción salarial, hasta la destitución o inhabilitación de servidoras y servidores públicos, e incluso la solicitud ante la Cámara de Diputados de juicio político. Esto evidentemente podría tener efectos negativos en el desempeño de las y los nuevos jueces, magistrados y ministros electos y los harían sujetos de control político más que judicial o istrativo.

La elección

La reforma contempló tiempos de implementación cortos e inmediatos, con menos de un año como plazo entre su aprobación (septiembre 2024) y la realización de la jornada electoral (junio 2025). Contrario a la ley electoral mexicana, el proceso electoral:

1. Inició con la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación y no con una sesión solemne del Instituto Nacional Electoral (INE)
2. Inició sin reglamentación ni leyes secundarias, a pesar de que en México está prohibido hacer modificaciones a las leyes electorales en los 90 días previos al inicio de un proceso electoral para garantizar que las y los actores involucrados conozcan desde el inicio las reglas aplicables a su elección.
3. Al no contar con reglamentación ni leyes secundarias en prácticamente ningún tema, se dejó potestad al INE a reglamentar todos los demás asuntos relacionados con esta elección.

Todo lo anterior es importante mencionarlo para evidenciar la urgencia que hubo desde el gobierno mexicano por implementar una reforma que no contaba ni con reglas ni con procedimientos claros. Además, por primera vez en más de 30 años, el proceso electoral fue controlado por los poderes políticos y no por la autoridad electoral, al menos en su primera etapa.

El proceso de selección

De acuerdo a la reforma, los tres poderes debían integrar un Comité Evaluador con 5 personas expertas y reconocidas en la actividad jurídica. Su principal función era analizar los expedientes curriculares de aspirantes que llegaran en las convocatorias abiertas, evaluarían el cumplimiento de los requisitos, e identificarían a quienes se hubieran distinguido por su honestidad, buena fama, competencia y antecedentes. Cada uno de estos comités debía entregar listas definitivas de candidaturas al INE y que aparecerían en las boletas, en las que la ciudadanía tendría la posibilidad de elegir personas propuestas por los tres Poderes de la Unión.

Los Comités se instalaron en el filo de la fecha límite y ese mismo día emitieron sus convocatorias abiertas a que la ciudadanía que consideraba que cumplía con los requisitos y que podía registrarse ante cualquiera de los Comités, y que incluso podían inscribirse ante los tres Comités. Las irregularidades se advirtieron desde el momento inicial.

Cada comité tenía sus propias reglas. Las convocatorias de los poderes Ejecutivo y Legislativo tenían requisitos bastante generales como un mínimo de 8 puntos de calificación (en escala 0-10) en la licenciatura y 9 en tres materias relacionadas con el cargo al que aspiraba cada persona. Por su parte el Comité del Poder Judicial hizo una lista específica de las materias y calificaciones que pediría por cada cargo sujeto de elección. La metodología de evaluación que utilizarían los Comités del Legislativo y el Ejecutivo tampoco fue muy clara en la convocatoria y, de hecho, sigue sin ser clara a meses de terminado el proceso. La metodología del Poder Judicial era la más desarrollada y clara, incluía además un examen escrito de conocimientos en la materia para acreditar la idoneidad técnica de las y los aspirantes.

El proceso de selección de candidaturas avanzaba y las irregularidades, reportadas por medios de comunicación, sociedad civil y esfuerzos conjuntos como los del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), ocupaban espacios en los medios. En este contexto, la SCJN ordenó la suspensión del proceso electoral judicial y determinó a los Comités suspender sus actividades a raíz de recursos y amparos promovidos por diferentes actores -los que sí tuvieron trámite a pesar del paro de labores que se había anunciado desde el Poder Judicial en inconformidad por la implementación de la reforma.

El único comité que acató la suspensión de la SCJN fue el del Judicial, que también recibió un llamado de atención por parte del Ejecutivo y el Legislativo, éste último asegurando que seguiría adelante el proceso incluso sin candidaturas propuestas por el Poder Judicial. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó anular la suspensión de actividades anunciada por la SCJN y generó una crisis constitucional entre ambos tribunales. Ante esta situación, los del Comité Judicial decidieron renunciar a su cargo, lo que como consecuencia inmediata dejó en el limbo jurídico a todas las personas aspirantes que se habían registrado en dicho comité. Para subsanar este limbo, el TEPJF ordenó al Senado que sustituyera al Comité del Judicial armando, vía insaculación, y enviando las listas de candidaturas. A raíz de eso, no se respetó el proceso de evaluación del Poder Judicial, el más transparente.

Las campañas y las reglas

Las listas finales de candidaturas fueron un desorden incluso mayor. Desde el OEJ reportamos la duplicidad de nombres, registros vacíos, personas que no cumplían con los requisitos, entre otros. En medio de mucha incertidumbre no solo de quiénes son las candidaturas sino de lo que podían o no podían hacer durante las campañas.

El periodo de campañas que inició el 30 de marzo es de 60 días. A diferencia de las elecciones políticas, las candidaturas no recibieron financiamiento público y tampoco podrán ejercer financiamiento privado -excepto lo que ellos mismos puedan ejercer. Las candidaturas no tendrán a tiempos en radio y televisión y, básicamente han tenido que concentrar sus esfuerzos de difusión en las redes sociales.

 El 29 de marzo, como todo lo que ha sucedido en esta elección, al filo del límite previo al inicio de las campañas, el INE hizo públicas reglas adicionales para las candidaturas como que no podía contratar templetes ni carpas, eventos multitudinarios, entre otros. Por supuesto, para ese momento casi todas las candidaturas habían planeado eventos de inicio de campaña y no alcanzaron a atender las reglas. Por supuesto que a candidatas a ministras como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel les interpusieron medidas cautelares pero para las cientos de candidaturas, el INE va a tener una tarea imposible.

Las campañas apenas inician -dos semanas al momento de concluir este artículo- y una de las primeras lecciones que está dejando esta elección es que México se encamina a perder, por voluntad propia y por causa de las decisiones tomadas por los últimos gobiernos, su experticidad electoral. Autoridades electorales autónomas que eran referente regional e internacional han sido debilitadas al nivel de no tener la capacidad normativa ni istrativa de hacer puntual seguimiento a las actividades, ya no solo de las candidaturas que buscan 881 cargos a nivel nacional, sino de los partidos políticos y funcionarios públicos, que ya lograron también que el TEPJF les permitiera articular esfuerzos para promover la participación en la elección.

Conclusiones

Este proceso se ha convertido, a raíz de todo esto, en el recetario de todo lo que no debe hacerse para no solo implementar un proceso electoral sino organizar una elección. No solamente el gobierno impulsó la implementación de una reforma mal planteada desde su origen sino que no dio recursos ni económicos ni humanos al INE para hacer seguimiento al proceso electoral. El INE no ha emitido con tiempo las reglas de las campañas, ha salido con errores y ha sido empujado por la corriente de eventos de este proceso y no el faro de autoridad y conocimientos que podría ser. El TEPJF ha cedido por completo sus criterios jurisdiccionales y ha sido permisivo al extremo con actores políticos que han decidido ignorar las leyes electorales creadas específicamente para frenar la intervención y los abusos del gobierno, independientemente de quién esté en el poder.

Y para finalizar el recetario perfecto, en menos de un año se exigió a perfiles que en el mejor de los escenarios eran técnicos, expertos, académicos, o simplemente personas que no necesariamente tienen un perfil público, a no solo salir a las calles sino entrar en una lógica político-electoral, a repensar sus redes sociales, a la incertidumbre de su futuro político, y todo en medio de incertidumbre jurídica y reglamentaria.

El único punto que esta reforma aportaba y abría a la ciudadanía eran las convocatorias abiertas, la posibilidad de que los tres poderes enviaran sus propuestas y que fueron públicos los requisitos -aunque fueran básicos- que debían cumplir las personas que buscaran ser candidatas. Ese proceso podía terminar siendo una lista de los mejores perfiles que fueran insaculados para eliminar acuerdos políticos, por ejemplo. Pero someter esos perfiles federales, más otros cientos locales, al voto ciudadano en menos de un año y menos después de las elecciones generales, se presenta como un despropósito absoluto, especialmente con el nivel de participación que se anticipa entre el 15 y el 20%.

Mientras tanto desde el Laboratorio Electoral, el Observatorio Electoral Judicial y otras organizaciones de la sociedad civil seguiremos dando seguimiento al tema. Generando materiales para comunicar pedagógicamente lo que sucederá el 1º de junio.

Sigue siendo un panorama cubierto de incertidumbres y de irregularidades. El mayor riesgo se verá después, cuando termine lo electoral, cuando tomen protesta personas con menos conocimientos que lograron posicionarse o articular esfuerzos de voto a favor y salgan perfiles con años de experiencia y conocimientos necesarios. El impacto de esta reforma se medirá en los retrocesos y suspensión de actividades en los juzgados por falta de conocimientos, en la cotidianidad de la ciudadanía y en la nueva lógica política que seguirán estos perfiles. Los efectos de esta reforma van a sobrevivir no solo a este gobierno sino incluso a esta generación política. La pregunta es cómo se van a vivir.